A la Contraloría General de la República recurrió el Presidente de la Fundación Valídame, Juan Carlos Pizarro, para solicitar que se tomen acciones tendientes a terminar con la discriminación que afecta a los trabajadores chilenos que padeciendo alguna discapacidad, ingresan al mundo del trabajo y cotizan en las AFP.
Lo anterior, se genera a raíz de lo que estipula actualmente el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (DL 3.500) que rige el actuar de las AFP, el cual a juicio de Pizarro “impide que un trabajador que tiene una discapacidad previa y que cotiza en el sistema de AFP, pueda optar a la Cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), la cual es financiada con los propios fondos del afiliado”.
El punto en cuestión de este Compendio indica que “un trabajador afiliado puede encontrarse enfermo antes de su afiliación al Sistema de Pensiones, pero no necesariamente inválido. Corresponde a las Comisiones Médicas aprobar el requerimiento de solicitantes cuya invalidez se hubiere producido antes de la afiliación, pero ésta tendrá una distinta fórmula de financiamiento. Las Normas Técnicas establecen que sólo la demostración de una real capacidad de trabajo después de su incorporación al sistema permite descartar invalidez previa a la afiliación y consideran indispensable contar con peritaje socio-laboral para dictaminar estos casos”.
Adicionalmente la normativa señala (…) “conceptualmente, debe entenderse que existe una real capacidad de trabajo cuando las actividades declaradas sean compatibles, a juicio médico, con el impedimento configurado y que las labores hayan sido desempeñadas por lapso suficiente y bajo similares condiciones de exigencia que cualquier otro trabajador en iguales funciones”.
De acuerdo al presidente de Fundación Valídame, lo establecido por el Compendio que rige a las AFP se contrapone a los pactos internacionales en los que Chile se ha comprometido a cumplir con el derecho de las personas, sin ningún tipo de discriminación.
“A lo largo de su historia Chile ha suscrito una serie de convenios, tratados y pactos internacionales. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1989, el cual establece que los Estados miembros deben tomar medidas efectivas, las cuales deben ser revisadas periódicamente de ser necesario, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social”, explica.
“Hoy una persona nacida con una enfermedad invalidante o con una discapacidad previa o que sufra algún siniestro en un momento anterior a su afiliación al sistema, queda sometida a un Sistema de Pensión distinto de aquellos ciudadanos sin invalidez previa, por el sólo hecho de su discapacidad, lo que a nuestro juicio reviste una discriminación arbitraria, que contradice disposiciones constitucionales y lo suscrito por nuestro país en el convenio PIDESC”, agregó Juan Carlos Pizarro.
Según el Presidente de la Fundación, “en contradicción al compromiso asumido por Chile a nivel internacional, la actual Carta Magna no contempla garantías constitucionales como la Acción de Protección para garantizar el Derecho a Seguridad Social. Este es un tema que ha sido planteado en reiteradas ocasiones por la Comisión DESC, que es el organismo encargado de supervigilar el cumplimiento del PIDESC por los Estados Miembros”.
Pizarro recordó el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en su informe de Situación de los Derechos Humanos en Chile de 2016 y que fue entregado a todos los poderes del Estado, aboga por un enfoque de Derechos Fundamentales e insta al Estado de Chile y a sus Órganos, a considerar criterios de Derechos Humanos en el marco de la discusión de una reforma al Sistema de Pensiones, que dignifique al Ser Humano.